Conoce la ley de eutanasia

En los países donde está regulada la eutanasia las muertes asistidas representan una pequeña parte del total de fallecimientos. En torno a un 4% en Países Bajos y algo menos del 2% en Bélgica. En 2015, en España murieron 422.586 personas. Con tasas similares, por tanto, serían entre 8.000 y 16.000 fallecimientos asistidos al año.

Algunos argumentarán que no merece la pena regular un derecho al que solo recurrirán unos pocos. Pero los derechos civiles no se valoran por cuántas personas los ejercen, sino porque son un beneficio para la sociedad. En este caso, porque dejará obligarse a vivir a una persona en contra de su voluntad.

 En 2015, en España se trasplantaron 4.769 órganos de 1.655 donantes –una cifra minúscula comparada con el total de intervenciones quirúrgicas– y menos del 2% de los matrimonios fueron entre personas del mismo sexo, pero ambos, igual que la eutanasia, son muy importantes para quienes lo ejercen.

Según las leyes de Bélgica y Países Bajos, para pedir una eutanasia hace falta vivir una situación de sufrimiento intolerable. A menudo, aunque no siempre, esta se debe a una enfermedad terminal.

Aproximadamente dos de cada tres eutanasias se practican en personas con un cáncer avanzado. Los tumores son la segunda causa más habitual de muerte en los países desarrollados, pero el motivo más habitual de una larga agonía. Hasta el punto de que, en los países donde la muerte asistida es legal, hasta un 9% de los pacientes oncológicos recurren a ella.

Otras dolencias habituales tras las peticiones de muerte asistida son las enfermedades neurodegenerativas (como el Parkinson, la demencia o la ELA) o algunas no terminales como las tetraplejias (que aparecen recogidas como 'otras' en el gráfico).

En Países Bajos, los médicos rechazan cerca de la mitad de las peticiones de eutanasia que reciben. En Bélgica, casi una de cada cuatro (la proporción ha caído desde el 45% en 2007). En ambos casos, los médicos están obligados a declarar los motivos de su decisión y a reflejar la solicitud en la historia clínica del paciente.

Los principales motivos para rechazar una solicitud de muerte asistida son el incumplimiento de los requisitos de la ley y la objeción de conciencia de los médicos. La ley de eutanasia que ahora debate el Congreso de los Diputados creará un registro al que deben apuntarse los médicos objetores de conciencia.

Como las leyes establecen plazos para comprobar que la petición es reiterada y firme, y también para que intervenga al menos un segundo médico independiente, algunos mueren por su enfermedad antes de que finalice su proceso de solicitud de muerte asistida. En el caso de Bélgica, estos representan el 60% de las peticiones no atendidas.

Una ley de eutanasia no obliga a nadie a adelantar su muerte. Solo ofrece la opción a aquellos que cumplen unos requisitos y quieren ejercer su derecho a acabar su vida a su manera. Prueba de ello son las diferentes tasas de muerte asistida que se dan entre regiones distintas que comparten una misma legislación.

Porcentaje de eutanasias sobre muertes totales (Bélgica, 2014)

En Bélgica, la tasa de muertes asistidas es más del doble en la región de Flandes (de habla neerlandesa) que en Valonia (de mayoría francófona). El marco jurídico de ambas regiones es básicamente el mismo en lo que respecta a la eutanasia, y se cree que estas diferencias son sobre todo culturales (aunque probablemente no tienen que ver con la religión ni con la religiosidad de sus ciudadanos).

En Oregon (EE. UU.), más del 95% de los que pidieron un suicidio asistido adujeron "tener menos capacidad para participar de actividades que permiten disfrutar de la vida". Un 92% apeló a una pérdida de autonomía personal y un 75% declaró que había perdido dignidad.

En Bélgica, el 87% de las personas que piden una eutanasia lo hacen por la situación de sufrimiento que padecen. Un 78% lo hace porque ya no tiene perspectivas de mejora y el 52% apela a la pérdida de dignidad. Algo menos de la mitad piden ayuda para morir por una expectativa de mayor sufrimiento o deterioro de su calidad de vida en el futuro. Un tercio justifica su decisión también en que no quiere prolongar su vida innecesariamente.

Morir no es una decisión fácil y cuando una persona decide poner fin a su vida es porque tiene razones poderosas. Nadie muere voluntariamente por un dolor tratable o un sufrimiento evitable. La gente recurre a la eutanasia porque su vida, presente y futura, ha dejado de tener sentido. Detrás de esta convicción hay todo tipo de motivos personales que se resumen en la expresión "coherencia biográfica". La pérdida de autonomía y de la capacidad de cuidarse a uno mismo, la imposibilidad de emprender lo que a uno le hace feliz o no querer interrumpir el proyecto vital de los más cercanos son motivos habituales, pero no los únicos. Cada vida humana es diferente y cada persona tiene sus propias razones para morir.

Muchos de los que están a favor de una ley de eutanasia no recurren a ella cuando llegan al final de sus vidas. Pero, en cualquier caso, les aporta la tranquilidad de saber que, si su sufrimiento se torna insoportable, podrán liberarse con una muerte dulce elegida por ellos mismos.

Aunque las peticiones de eutanasia no cambien con cuidados paliativos, a todos los solicitantes se les ofrecen todas las opciones de tratamiento existentes, como los paliativos. Por ello, los países que han regulado la eutanasia han mejorado su sistema de cuidados paliativos en muy poco tiempo. Desde que aprobaron sus leyes de muerte voluntaria, Bélgica y Países Bajos han pasado a ocupar el 2º y 3º puesto en la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido.

La voluntad de poner fin a la propia vida cuando esta ha dejado de tener sentido no tiene nada que ver con las tentativas de suicidio de personas con una depresión, o cualquier otro trastorno mental grave, en plena crisis de lucidez. Dudar de la capacidad de un ciudadano para decidir sobre su vida, atribuyéndolo a una depresión, es paternalista e inmoral.

Es fundamental distinguir entre el suicida que actúa por impulso y de forma irracional del que elige acabar su vida tras discutir sus opciones con su médico y sus familiares para poner fin a una situación irreversible.

El jefe de la oficina de medicina forense de la ciudad de Nueva York en 2001, Charles Hirsch, separó con nitidez ambos actos cuando investigaba las muertes de los que saltaron por la ventana de las Torres Gemelas durante los atentados del 11-S. Se negó a clasificar estos fallecimientos de suicidios. Los que se lanzaron al vacío, argumentó, no elegían entre la vida y la muerte, sino entre una muerte lenta, agónica y dolorosa a causa del fuego y el polvo o una muerte rápida.

La eutanasia y el suicidio médicamente asistido se practican en todos los países del mundo, independientemente de su situación legal. En España, una encuesta del año 2000 desveló que un 15% de los médicos ha ayudado a morir a pacientes. Entre los que atienden habitualmente a personas en situación terminal la proporción es aún mayor. Es un acto de compasión que se hace de forma clandestina y pone en riesgo la carrera de los profesionales sanitarios. Solo una ley que despenalice la muerte asistida puede dar seguridad jurídica a todos.

En el debate sobre la eutanasia se enfrentan dos puntos de vista: los que creen que cada persona es dueña de su vida y los que piensan que está en manos de Dios y nadie, ni siquiera uno mismo, puede disponer de ella porque es sagrada. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente reconoce el derecho a rechazar cualquier tratamiento aunque hacerlo suponga anticipar la muerte. Por tanto, la legislación ya permite disponer de la propia vida cuando esta depende de un procedimiento clínico.

Sin embargo, esta situación pone encima de la mesa una contradicción: la paradoja de la máquina. Inmaculada Echevarría, aquejada de distrofia muscular progresiva y que pasó nueve años conectada a un respirador, pidió que se le retirase y pudo morir cuando ella quiso. Ramón Sampedro, tetrapléjico, tuvo que recurrir a un suicidio asistido clandestino (y a poner en peligro de ir a la cárcel a quien le ayudó) para acabar con su vida.

Mientras que una ley de eutanasia respeta el derecho a decidir si uno quiere que lo mantengan con vida mientras sea posible, y también a ponerle fin cuando se considera que se ha vuelto insoportable, en la actualidad una minoría impone a todos el valor de la sacralidad a través del Código Penal.

Muchas personas de todo el mundo obligadas a vivir en contra de su voluntad acuden a Suiza para liberarse de su sufrimiento. Pero morir es es caro, y trasladarse al extranjero en las circunstancias en las que se solicita una eutanasia, comunicarse en otra lengua y realizar todas las gestiones necesarias, exige disponer de unos recursos personales solo al alcance de una minoría.

La eutanasia no es matar (arrebatar la vida), no es un homicidio, ni un asesinato. Dar la muerte, respetar la decisión clara e inequívoca de morir de un ciudadano que sólo dispone de esa opción para liberarse de un sufrimiento irreversible, es un acto de compasión y de respeto. Una de las finalidades de la medicina moderna es ayudar a morir en paz, ya sea limitando el esfuerzo terapéutico en una unidad de cuidados intensivos, aliviando los síntomas del proceso de agonía mediante una sedación paliativa o facilitando una muerte rápida con una eutanasia. Ninguna de estas situaciones convierte al médico en un verdugo.

Transferir la responsabilidad de la decisión de morir del ciudadano al profesional es una falacia y una trampa dialéctica. La eutanasia es una decisión exclusiva de quien la pide y el papel del médico, una vez que comprende que para esa persona es la mejor opción, es comprometerse con el alivio de su sufrimiento y respetar su voluntad.