Metroscopia (2017)
84%

Ipsos MORI (2015)
78%

Isopublic Gallup (2013)
85%

CIS (2009)
73.6%


La mayoría la queremos

Las encuestas son claras. Aproximadamente cuatro de cada cinco ciudadanos apoya que se legalice la eutanasia. La mayoría de profesionales de la medicina y la enfermería también quieren que se regule con protocolos claros y garantías.

La mayoría la queremos

Las encuestas son claras. Aproximadamente cuatro de cada cinco ciudadanos apoya que se legalice la eutanasia. La mayoría de profesionales de la medicina y la enfermería también quieren que se regule con protocolos claros y garantías.

Metroscopia (2017)
84%

Ipsos MORI (2015)
78%

Isopublic Gallup (2013)
85%

CIS (2009)
73.6%

Porcentaje de muertes asistidas y muertes por cáncer, por grupos de edad (Bélgica, 2013)

Este mito propone que, si se legaliza la muerte asistida, los familiares de los ancianos les presionarán para que pidan la eutanasia y así no tener que cuidarlos (o para heredar antes).

En los países donde ya está regulada la eutanasia no hay pruebas –ni indicios– de que estas presiones existan, y no hay motivos para pensar que en España fuesen a darse. Aun así, la proposición de ley orgánica sobre Eutanasia fija unos requisitos que las harían imposibles. Solo podría solicitarse para uno mismo, y dos médicos independientes tienen que verificar que es una decisión voluntaria, reiterada, bien meditada y que se toma en plenitud de facultades mentales. No puede pedirla nadie más, ni aunque ejerza de representante legal de otro.

La mayoría de las personas que recurren a la eutanasia tienen entre 60 y 70 años, y no lo hacen porque sean mayores sino porque a esa edad el cáncer es más prevalente.

Un argumento habitual contra la eutanasia es asegurar que pone en riesgo a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Que se presionará a inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, a personas que viven solas, que tienen una discapacidad, diversidad funcional, una enfermedad crónica, pobres o personas sin hogar  y se abusará de ellas. En definitiva, que quedarán desprotegidas y aumentarán las muertes entre estos grupos al amparo de la ley.

¿Qué pruebas tienen de que esto ocurre? Ninguna, y varios estudios sobre esta cuestión dejan claro que este miedo es infundado. Los datos demuestran que la eutanasia no es más frecuente en personas vulnerables.

En el debate sobre la muerte asistida se contraponen a menudo los cuidados paliativos y la eutanasia. Se plantean como dos soluciones opuestas e incompatibles para un mismo problema: el sufrimiento. Y muchos afirman que si se trata el dolor adecuadamente, nadie querría adelantar su muerte.

Todo el mundo quiere tener los mejores cuidados y no sufrir durante los momentos finales de su vida, pero la decisión de morir no tiene que ver con los síntomas que tratan los paliativos sino con la manera en que cada persona vive una situación de deterioro que –con paliativos o sin ellos– es irreversible. Es una cuestión de coherencia biográfica, de libertad individual y de dignidad. A la eutanasia recurren personas que consideran que su proyecto vital, su biografía, ha concluido porque la vida que tienen o les espera no tiene sentido.

En realidad, la contraposición entre ambos es un falso dilema, una falacia que confunde el cómo con el cuándo. Los cuidados paliativos no son el antídoto de la eutanasia porque recibir la mejor asistencia es un derecho complementario a la decisión de morir de una persona que soporta una vida de sufrimiento que ya no desea.

La proposición de ley orgánica sobre la Eutanasia regula sin matices el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Los que no quieran practicar una eutanasia no tendrán que hacerlo. Su única obligación es, en caso de negarse, remitir el caso a otro médico que respete la voluntad del paciente.

Algunos argumentan que ayudar a morir supone romper el Juramento Hipocrático, un escrito con 2.400 años de antigüedad que se suele decir que orienta la ética de la práctica de la medicina. Como es lógico, este texto no tiene ningún valor legal o moral en las sociedades modernas porque solo es folclore, una tradición popular sin conexión con la medicina y la sociedad modernas.

Por eso mismo los médicos ya no adoran a Apolo ni a otras deidades griegas, no se abstienen de cobrar cuando enseñan su oficio a otros (en la universidad, por ejemplo), ni están obligados a una vida de celibato.

Durante el Tercer Reich, los nazis pusieron en marcha el programa Aktion T4 con el que mataron a más de 70.000 personas con discapacidades entre 1939 y 1941 (y al menos otras tantas, con el programa oficialmente cerrado, hasta 1945). Aunque lo calificaron de eutanasia, las muertes se produjeron en contra de la voluntad de las víctimas. En el siglo XXI la eutanasia siempre es voluntaria, de lo contrario es un homicidio.

La Ley Orgánica sobre la Eutanasia reconoce un derecho a aquellas personas que, aquejadas de un sufrimiento insoportable y supervisadas por dos médicos independientes, deciden voluntariamente que quieren poner fin a su vida. Nadie puede pedirlo en nombre de otro. Ni siquiera los familiares de quien ya no se puede expresar y no ha dejado escrita su voluntad clara e inequívoca de morir en un testamento vital.

Comparar a los que sufren y quieren decidir sobre el fin de su vida con miles de asesinados por el régimen nazi es un disparate. Y por eso mismo, equiparar al personal sanitario que ayuda a un paciente a cumplir su propia voluntad con los que ejecutaron a víctimas inocentes es un despropósito.

Los que se oponen a la eutanasia aseguran que regular este derecho empuja a la sociedad por “una pendiente resbaladiza”. Afirman que es inevitable que poco a poco se relajen los controles que fija la ley, acabe ayudándose a morir en casos no previstos e incluso matando a gente sin su consentimiento.

No hay pruebas de que ningún país donde se ha regulado la muerte asistida haya caído por tal “pendiente resbaladiza”, ni indicios de que algo así pudiese pasar en España. Todas las estadísticas disponibles indican que el grado de cumplimiento de estas leyes es muy alto. En Países Bajos, por ejemplo, la tasa de eutanasias que no cumplen todos los requisitos es del 0,1%. Y aun así, de estos pocos casos, ninguno ha sido en contra de la voluntad del paciente.

En realidad, la “pendiente resbaladiza” es un argumento sugerente, pero falaz, y un intento de asustar a la sociedad con consecuencias inventadas y exageradas porque no se dispone de motivos de peso o argumentos basados en hechos reales. Es la misma táctica que se usó antes para oponerse a la legalización del divorcio, del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los que se oponen a legalizar la muerte asistida afirman que los ancianos de Países Bajos (que reguló la eutanasia en 2002, aunque ya era legal desde los 80) no van al hospital por miedo a que allí los maten. Que huyen en masa del país, llevan pulseras pidiendo que “no los eutanasien” y viajan a otros lugares para tratarse sin que peligre su vida. Todo este esperpéntico argumento es falso.

La eutanasia tiene que pedirla uno mismo, de forma libre y reiterada. No pueden hacerlo familiares, ni allegados, ni el personal sanitario que atiende su caso. Además, dos médicos deben confirmar que la solicitud se hace en plenitud de facultades mentales o mediante un testamento vital. Solo así se puede llevar a cabo.

En 2012, el político conservador estadounidense Rick Santorum se hizo eco de este mito. Afirmó que un 10% de las muertes en Países Bajos son por eutanasia (en realidad no llegan al 4%) y que, de estas, la mitad eran sin consentimiento de paciente. Además de la la mofa en la prensa holandesa por unas declaraciones que calificaron de “vacías de realidad”, la embajada de Países Bajos en EE. UU. tuvo que explicar la situación real: ni hay tales pulseras, ni un éxodo de ancianos aterrorizados, ni nada semejante.

Un estudio científico sobre la eutanasia en Países Bajos concluyó que esta se practica sobre todo entre personas mayores pero no ancianas (entre 70 y 74 años es el grupo más habitual). La tasa entre los más mayores es de las más bajas.

Los estudios sobre las leyes de eutanasia usan el concepto “terminación de la vida sin petición expresa” para referirse a la retirada de las medidas de soporte vital (limitación del esfuerzo terapéutico) o a tratar el sufrimiento de una persona al borde de la muerte (sedación paliativa) cuando se realizan sin el consentimiento del paciente y con la intención de adelantar su final.

Ambas son prácticas habituales en todo el mundo que, por la situación clínica del paciente, a menudo se realizan sin su consentimiento. Una mayor difusión del testamento vital ayudaría a mejorar la situación, pero la ausencia de autorización no significa se hagan contra la voluntad de la persona. Son muchos los que no quieren vivir conectados a una máquina, ni morir con sufriendo, aunque no hayan tenido oportunidad de decirlo.

Afirmar que estas prácticas son eutanasias involuntarias es incorrecto. El error viene de una definición, anterior a la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, que considera eutanasia toda acción (como la sedación) u omisión (retirada de tratamientos) realizada con el propósito de adelantar la muerte. Para las leyes de eutanasia la intención del médico es irrelevante. Lo que importa es la voluntad inequívoca del solicitante, su situación de enfermedad o sufrimiento irreversible y el procedimiento, que siempre es una inyección letal.

Aun así, las cifras de terminación de la vida sin petición expresa han caído con fuerza tras la aprobación de las leyes de eutanasia. En Países Bajos tienen, por ejemplo, se dan con la misma frecuencia que Reino Unido (ejemplo mundial de cuidados paliativos).

Once años antes de que Países Bajos aprobase su ley de eutanasia (2002), el fiscal holandés Jan Remmelink publicó un informe (1991) que estimaba que se producían mil eutanasias sin petición expresa del paciente (una práctica éticamente inadmisible antes y ahora) cada año. Los que se oponen a la eutanasia usan este dato para afirmar que regular la muerte asistida es peligroso porque aumenta la tolerancia social hacia esta y otras conductas no reguladas.

Sin embargo, a raíz de la ley de eutanasia de 2002, la tasa de fallecidos por una eutanasia no voluntaria pasó del 0.8% de los fallecimientos en 1990 al 0.2% en 2010. En Bélgica, por su parte, las eutanasias no voluntarias han pasado del 3.2% antes de la legalización al 1.7% en 2013.

La mayoría de estudios sobre el tema dejan claro que la eutanasia –con y sin petición expresa– se practica en todos los países, pero como se hace de forma clandestina apenas existen datos para comparar con Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Pero todo indica que regular la muerte asistida no aumenta la tolerancia social hacia conductas no reguladas. En estos quince años, no se ha dado en estos países ningún caso de homicidio en el que un médico provoque la muerte de otra persona contra su voluntad.

Los mitos sobre la eutanasia


Los que se oponen a legalizar la muerte asistida a menudo argumentan con datos falsos y afirmaciones equivocadas.

Los mitos sobre la eutanasia

Los que se oponen a legalizar la muerte asistida a menudo argumentan con datos falsos y afirmaciones equivocadas.

Este mito propone que, si se legaliza la muerte asistida, los familiares de los ancianos les presionarán para que pidan la eutanasia y así no tener que cuidarlos (o para heredar antes).

En los países donde ya está regulada la eutanasia no hay pruebas –ni indicios– de que estas presiones existan, y no hay motivos para pensar que en España fuesen a darse. Aun así, la proposición de ley orgánica sobre Eutanasia fija unos requisitos que las harían imposibles. Solo podría solicitarse para uno mismo, y dos médicos independientes tienen que verificar que es una decisión voluntaria, reiterada, bien meditada y que se toma en plenitud de facultades mentales. No puede pedirla nadie más, ni aunque ejerza de representante legal de otro.

Porcentaje de muertes asistidas y muertes por cáncer, por grupos de edad (Bélgica, 2013)

La mayoría de las personas que recurren a la eutanasia tienen entre 65 y 75 años, y no lo hacen porque sean mayores sino porque a esa edad el cáncer es más prevalente.

Un argumento habitual contra la eutanasia es asegurar que pone en riesgo a los colectivos más vulnerables de la sociedad. Que se presionará a inmigrantes, minorías étnicas y religiosas, a personas que viven solas, que tienen una discapacidad, diversidad funcional, una enfermedad crónica, pobres o personas sin hogar  y se abusará de ellas. En definitiva, que quedarán desprotegidas y aumentarán las muertes entre estos grupos al amparo de la ley.

¿Qué pruebas tienen de que esto ocurre? Ninguna, y varios estudios sobre esta cuestión dejan claro que este miedo es infundado. Los datos demuestran que la eutanasia no es más frecuente en personas vulnerables.

En el debate sobre la muerte asistida se contraponen a menudo los cuidados paliativos y la eutanasia. Se plantean como dos soluciones opuestas e incompatibles para un mismo problema: el sufrimiento. Y muchos afirman que si se trata el dolor adecuadamente, nadie querría adelantar su muerte.

Todo el mundo quiere tener los mejores cuidados y no sufrir durante los momentos finales de su vida, pero la decisión de morir no tiene que ver con los síntomas que tratan los paliativos sino con la manera en que cada persona vive una situación de deterioro que –con paliativos o sin ellos– es irreversible. Es una cuestión de coherencia biográfica, de libertad individual y de dignidad. A la eutanasia recurren personas que consideran que su proyecto vital, su biografía, ha concluido porque la vida que tienen o les espera no tiene sentido.

En realidad, este planteamiento es un falso dilema, una falacia que confunde el cómo con el cuándo. Los cuidados paliativos no son el antídoto de la eutanasia porque recibir la mejor asistencia es un derecho complementario a la decisión de morir de una persona que soporta una vida de sufrimiento que ya no desea.

La proposición de ley orgánica sobre la Eutanasia regula sin matices el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. Los que no quieran practicar una eutanasia no tendrán que hacerlo. Su única obligación es, en caso de negarse, remitir el caso a otro médico que respete la voluntad del paciente.

Durante el Tercer Reich, los nazis pusieron en marcha el programa Aktion T4 con el que mataron a más de 70.000 personas con discapacidades entre 1939 y 1941 (y al menos otras tantas, con el programa oficialmente cerrado, hasta 1945). Aunque lo calificaron de eutanasia, las muertes se produjeron en contra de la voluntad de las víctimas. En el siglo XXI la eutanasia siempre es voluntaria, de lo contrario es un homicidio.

La Ley Orgánica sobre la Eutanasia reconoce un derecho a aquellas personas que, aquejadas de un sufrimiento insoportable y supervisadas por dos médicos independientes, deciden voluntariamente que quieren poner fin a su vida. Nadie puede pedirlo en nombre de otro. Ni siquiera los familiares de quien ya no se puede expresar y no ha dejado escrita su voluntad clara e inequívoca de morir en un testamento vital.

Comparar a los que sufren y quieren decidir sobre el fin de su vida con miles de asesinados por el régimen nazi es un disparate. Y por eso mismo, equiparar al personal sanitario que ayuda a un paciente a cumplir su propia voluntad con los que ejecutaron a víctimas inocentes es un despropósito.

Los que se oponen a la eutanasia aseguran que regular este derecho empuja a la sociedad por “una pendiente resbaladiza”. Afirman que es inevitable que poco a poco se relajen los controles que fija la ley, acabe ayudándose a morir en casos no previstos e incluso matando a gente sin su consentimiento.

No hay pruebas de que ningún país donde se ha regulado la muerte asistida haya caído por tal “pendiente resbaladiza”, ni indicios de que algo así pudiese pasar en España. Todas las estadísticas disponibles indican que el grado de cumplimiento de estas leyes es muy alto. En Países Bajos, por ejemplo, la tasa de eutanasias que no cumplen todos los requisitos es del 0,1%. Y aun así, de estos pocos casos, ninguno ha sido en contra de la voluntad del paciente.

En realidad, la “pendiente resbaladiza” es un argumento sugerente, pero falaz, y un intento de asustar a la sociedad con consecuencias inventadas y exageradas porque no se dispone de motivos de peso o argumentos basados en hechos reales. Es la misma táctica que se usó antes para oponerse a la legalización del divorcio, del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los que se oponen a legalizar la muerte asistida afirman que los ancianos de Países Bajos (que reguló la eutanasia en 2002, aunque ya era legal desde los 80) no van al hospital por miedo a que allí los maten. Que huyen en masa del país, llevan pulseras pidiendo que “no los eutanasien” y viajan a otros lugares para tratarse sin que peligre su vida. Todo este esperpéntico argumento es falso.

La eutanasia tiene que pedirla uno mismo, de forma libre y reiterada. No pueden hacerlo familiares, ni allegados, ni el personal sanitario que atiende su caso. Además, dos médicos deben confirmar que la solicitud se hace en plenitud de facultades mentales o mediante un testamento vital. Solo así se puede llevar a cabo.

En 2012, el político conservador estadounidense Rick Santorum se hizo eco de este mito. Afirmó que un 10% de las muertes en Países Bajos son por eutanasia (en realidad no llegan al 4%) y que, de estas, la mitad eran sin consentimiento de paciente. Además de la la mofa en la prensa holandesa por unas declaraciones que calificaron de “vacías de realidad”, la embajada de Países Bajos en EE. UU. tuvo que explicar la situación real: ni hay tales pulseras, ni un éxodo de ancianos aterrorizados, ni nada semejante.

Un estudio científico sobre la eutanasia en Países Bajos concluyó que esta se practica sobre todo entre personas mayores pero no ancianas (entre 70 y 74 años es el grupo más habitual). La tasa entre los más mayores es de las más bajas.

Los estudios sobre las leyes de eutanasia usan el concepto “terminación de la vida sin petición expresa” para referirse a la retirada de las medidas de soporte vital (limitación del esfuerzo terapéutico) o a tratar el sufrimiento de una persona al borde de la muerte (sedación paliativa) cuando se realizan sin el consentimiento del paciente y con la intención de adelantar su final.

Ambas son prácticas habituales en todo el mundo que, por la situación clínica del paciente, a menudo se realizan sin su consentimiento. Una mayor difusión del testamento vital ayudaría a mejorar la situación, pero la ausencia de autorización no significa se hagan contra la voluntad de la persona. Son muchos los que no quieren vivir conectados a una máquina, ni morir con sufriendo, aunque no hayan tenido oportunidad de decirlo.

Afirmar que estas prácticas son eutanasias involuntarias es incorrecto. El error viene de una definición, anterior a la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, que considera eutanasia toda acción (como la sedación) u omisión (retirada de tratamientos) realizada con el propósito de adelantar la muerte. Para las leyes de eutanasia la intención del médico es irrelevante. Lo que importa es la voluntad inequívoca del solicitante, su situación de enfermedad o sufrimiento irreversible y el procedimiento, que siempre es una inyección letal.

Aun así, las cifras de terminación de la vida sin petición expresa han caído con fuerza tras la aprobación de las leyes de eutanasia. En Países Bajos tienen, por ejemplo, se dan con la misma frecuencia que Reino Unido (ejemplo mundial de cuidados paliativos).

Once años antes de que Países Bajos aprobase su ley de eutanasia (2002), el fiscal holandés Jan Remmelink publicó un informe (1991) que estimaba que se producían mil eutanasias sin petición expresa del paciente (una práctica éticamente inadmisible antes y ahora) cada año. Los que se oponen a la eutanasia usan este dato para afirmar que regular la muerte asistida es peligroso porque aumenta la tolerancia social hacia esta y otras conductas no reguladas.

Sin embargo, a raíz de la ley de eutanasia de 2002, la tasa de fallecidos por una eutanasia no voluntaria pasó del 0.8% de los fallecimientos en 1990 al 0.2% en 2010. En Bélgica, por su parte, las eutanasias no voluntarias han pasado del 3.2% antes de la legalización al 1.7% en 2013.

La mayoría de estudios sobre el tema dejan claro que la eutanasia –con y sin petición expresa– se practica en todos los países, pero como se hace de forma clandestina apenas existen datos para comparar con Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Pero todo indica que regular la muerte asistida no aumenta la tolerancia social hacia conductas no reguladas. En estos quince años, no se ha dado en estos países ningún caso de homicidio en el que un médico provoque la muerte de otra persona contra su voluntad.

Porcentaje de eutanasias sobre muertes totales

En los países donde está regulada la eutanasia, las muertes asistidas representan una pequeña parte del total de fallecimientos. En torno a un 3,8% en Países Bajos y algo menos del 2% en Bélgica. En 2015 murieron en España 422.586 personas. Con tasas similares, por tanto, serían entre 7.000 y 15.000 los que podrían decidir morir voluntariamente con todas las garantías.

Algunos argumentarán que no merece la pena regular un derecho que solo ejercerán unos pocos. Pero los derechos civiles no se valoran por cuántos los ejercen, sino porque son un beneficio para la sociedad. En este caso, porque dejará de ejercerse la violencia que supone obligar a vivir a una persona en contra de su voluntad. , que son para todos aunque solo los ejerza una minoría. En 2015, en España se trasplantaron 4.769 órganos de 1.655 donantes –una cifra minúscula comparada con el total de intervenciones quirúrgicas– y menos del 2% de los matrimonios fueron entre personas del mismo sexo, pero ambos, igual que la eutanasia, son muy importantes para quienes lo ejercen.

Enfermedades subyacentes tras las eutanasias de Países Bajos (2015)

Según las leyes de Bélgica y Países Bajos, para pedir una eutanasia hace falta vivir una situación de sufrimiento intolerable. A menudo, aunque no siempre, esta se debe a una enfermedad terminal.

En torno al 70% de las eutanasias se practican en personas con un cáncer avanzado. Los tumores son la segunda causa más habitual de muerte en los países desarrollados, pero el motivo más habitual de una larga agonía. Hasta el punto de que, en los países donde la muerte asistida es legal, hasta un 9% de los pacientes oncológicos recurren a ella.

Otras dolencias habituales tras las peticiones de muerte asistida son las enfermedades neurodegenerativas (como el Parkinson, la demencia o la esclerosis lateral amiotrófica) o algunas no terminales como las tetraplejias (que aparecen recogidas como ‘otras’ en el gráfico).

Motivos para rechazar una eutanasia (se pueden dar varios) (P. Bajos, 2015)

En Países Bajos, los médicos rechazan cerca de la mitad de las peticiones de eutanasia que reciben. En Bélgica, casi una de cada cuatro (la proporción ha caído desde el 45% en 2007). En ambos casos, los médicos están obligados a declarar los motivos de su decisión y a reflejar la solicitud en la historia clínica del paciente.

Los principales motivos para rechazar una solicitud de muerte asistida son el incumplimiento de los requisitos de la ley y la objeción de conciencia de los médicos.

Como las leyes establecen plazos para comprobar que la petición es reiterada y firme, y también para que intervenga al menos un segundo médico independiente, algunos mueren por su enfermedad antes de que finalice su proceso de solicitud de muerte asistida. En el caso de Bélgica, estos representan el 60% de las peticiones no atendidas.

Porcentaje de eutanasias sobre muertes totales (Bélgica, 2014)

Una ley de eutanasia no obliga a nadie a adelantar su muerte. Solo ofrece la opción a aquellos que cumplen unos requisitos y quieren ejercer su derecho a acabar su vida a su manera. Prueba de ello son las diferentes tasas de muerte asistida que se dan entre regiones distintas que comparten una misma legislación.

En Bélgica, la tasa de muertes asistidas es más del doble en la región de Flandes (de habla neerlandesa) que en Valonia (de mayoría francófona). El marco jurídico de ambas regiones es básicamente el mismo en lo que respecta a la eutanasia, y se cree que estas diferencias son sobre todo culturales (aunque probablemente no tienen que ver con la religión ni con la religiosidad de sus ciudadanos).

En Oregon (EE. UU.), más del 95% de los que pidieron un suicidio asistido adujeron “tener menos capacidad para participar de actividades que permiten disfrutar de la vida“. Un 92% apeló a una pérdida de autonomía personal y un 75% declaró que había perdido dignidad.

En Bélgica, el 87% de las personas que piden una eutanasia lo hacen por la situación de sufrimiento que padecen. Un 78% lo hace porque ya no tiene perspectivas de mejora y el 52% apela a la pérdida de dignidad. Algo menos de la mitad piden ayuda para morir por una expectativa de mayor sufrimiento o deterioro de su calidad de vida en el futuro. Un tercio justifica su decisión también en que no quiere prolongar su vida innecesariamente.

Datos sobre la eutanasia

Como ya hay países que han legalizado la muerte asistida, existe muchísima información sobre qué efectos podría tener regular esta práctica en España.

Datos sobre la eutanasia

Como ya hay países que han legalizado la muerte asistida, existe muchísima información sobre qué efectos podría tener regular esta práctica en España.

Porcentaje de eutanasias sobre muertes totales

En los países donde está regulada la eutanasia, las muertes asistidas representan una pequeña parte del total de fallecimientos. En torno a un 3,8% en Países Bajos y algo menos del 2% en Bélgica. En 2015 murieron en España 422.586 personas. Con tasas similares, por tanto, serían entre 7.000 y 15.000 los que podrían decidir morir voluntariamente con todas las garantías.

Algunos argumentarán que no merece la pena regular un derecho que solo ejercerán unos pocos. Pero los derechos civiles no se valoran por cuántos los ejercen, sino porque son un beneficio para la sociedad. En este caso, porque dejará de ejercerse la violencia que supone obligar a vivir a una persona en contra de su voluntad. , que son para todos aunque solo los ejerza una minoría. En 2015, en España se trasplantaron 4.769 órganos de 1.655 donantes –una cifra minúscula comparada con el total de intervenciones quirúrgicas– y menos del 2% de los matrimonios fueron entre personas del mismo sexo, pero ambos, igual que la eutanasia, son muy importantes para quienes lo ejercen.

Enfermedades subyacentes tras las eutanasias de Países Bajos (2015)

Según las leyes de Bélgica y Países Bajos, para pedir una eutanasia hace falta vivir una situación de sufrimiento intolerable. A menudo, aunque no siempre, esta se debe a una enfermedad terminal.

En torno al 70% de las eutanasias se practican en personas con un cáncer avanzado. Los tumores son la segunda causa más habitual de muerte en los países desarrollados, pero el motivo más habitual de una larga agonía. Hasta el punto de que, en los países donde la muerte asistida es legal, hasta un 9% de los pacientes oncológicos recurren a ella.

Otras dolencias habituales tras las peticiones de muerte asistida son las enfermedades neurodegenerativas (como el Parkinson, la demencia o la esclerosis lateral amiotrófica) o algunas no terminales como las tetraplejias (que aparecen recogidas como ‘otras’ en el gráfico).

Motivos para rechazar una eutanasia (se pueden dar varios) (P. Bajos, 2015)

En Países Bajos, los médicos rechazan cerca de la mitad de las peticiones de eutanasia que reciben. En Bélgica, casi una de cada cuatro (la proporción ha caído desde el 45% en 2007). En ambos casos, los médicos están obligados a declarar los motivos de su decisión y a reflejar la solicitud en la historia clínica del paciente.

Los principales motivos para rechazar una solicitud de muerte asistida son el incumplimiento de los requisitos de la ley y la objeción de conciencia de los médicos.

Como las leyes establecen plazos para comprobar que la petición es reiterada y firme, y también para que intervenga al menos un segundo médico independiente, algunos mueren por su enfermedad antes de que finalice su proceso de solicitud de muerte asistida. En el caso de Bélgica, estos representan el 60% de las peticiones no atendidas.

Porcentaje de eutanasias sobre muertes totales (Bélgica, 2014)

Una ley de eutanasia no obliga a nadie a adelantar su muerte. Solo ofrece la opción a aquellos que cumplen unos requisitos y quieren ejercer su derecho a acabar su vida a su manera. Prueba de ello son las diferentes tasas de muerte asistida que se dan entre regiones distintas que comparten una misma legislación.

En Bélgica, la tasa de muertes asistidas es más del doble en la región de Flandes (de habla neerlandesa) que en Valonia (de mayoría francófona). El marco jurídico de ambas regiones es básicamente el mismo en lo que respecta a la eutanasia, y se cree que estas diferencias son sobre todo culturales (aunque probablemente no tienen que ver con la religión ni con la religiosidad de sus ciudadanos).

En Oregon (EE. UU.), más del 95% de los que pidieron un suicidio asistido adujeron “tener menos capacidad para participar de actividades que permiten disfrutar de la vida“. Un 92% apeló a una pérdida de autonomía personal y un 75% declaró que había perdido dignidad.

En Bélgica, el 87% de las personas que piden una eutanasia lo hacen por la situación de sufrimiento que padecen. Un 78% lo hace porque ya no tiene perspectivas de mejora y el 52% apela a la pérdida de dignidad. Algo menos de la mitad piden ayuda para morir por una expectativa de mayor sufrimiento o deterioro de su calidad de vida en el futuro. Un tercio justifica su decisión también en que no quiere prolongar su vida innecesariamente.

Argumentos a favor

Morir no es una decisión fácil y cuando una persona decide poner fin a su vida es porque tiene razones poderosas. Nadie muere voluntariamente por un dolor tratable o un sufrimiento evitable. La gente recurre a la eutanasia porque su vida, presente y futura, ha dejado de tener sentido. Detrás de esta convicción hay todo tipo de motivos personales que se resumen en la expresión “coherencia biográfica“. La pérdida de autonomía y de la capacidad de cuidarse a uno mismo, la imposibilidad de emprender lo que a uno le hace feliz o no querer interrumpir el proyecto vital de los más cercanos son motivos habituales, pero no los únicos. Cada vida humana es diferente y cada persona tiene sus propias razones para morir.

Muchos de los que están a favor de una ley de eutanasia no recurren a ella cuando llegan al final de sus vidas. Pero, en cualquier caso, les aporta la tranquilidad de saber que, si su sufrimiento se torna insoportable, podrán liberarse con una muerte dulce elegida por ellos mismos.

Aunque las peticiones de eutanasia no cambien con cuidados paliativos, a todos los solicitantes se les ofrecen todas las opciones de tratamiento existentes, como los paliativos. Por ello, los países que han regulado la eutanasia han mejorado su sistema de cuidados paliativos en muy poco tiempo. Desde que aprobaron sus leyes de muerte voluntaria, Bélgica y Países Bajos han pasado a ocupar el 2º y 3º puesto en la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido.

La voluntad de poner fin a la propia vida cuando esta ha dejado de tener sentido no tiene nada que ver con las tentativas de suicidio de personas con una depresión, o cualquier otro trastorno mental grave, en plena crisis de lucidez. Dudar de la capacidad de un ciudadano para decidir sobre su vida, atribuyéndolo a una depresión, es paternalista e inmoral.

Es fundamental distinguir entre el suicida que actúa por impulso y de forma irracional del que elige acabar su vida tras discutir sus opciones con su médico y sus familiares para poner fin a una situación irreversible.

El jefe de la oficina de medicina forense de la ciudad de Nueva York en 2001, Charles Hirsch, separó con nitidez ambos actos cuando investigaba las muertes de los que saltaron por la ventana de las Torres Gemelas durante los atentados del 11-S. Se negó a clasificar estos fallecimientos de suicidios. Los que se lanzaron al vacío, argumentó, no elegían entre la vida y la muerte, sino entre una muerte lenta, agónica y dolorosa a causa del fuego y el polvo o una muerte rápida.

La eutanasia y el suicidio médicamente asistido se practican en todos los países del mundo, independientemente de su situación legal. En España, una encuesta del año 2000 desveló que un 15% de los médicos ha ayudado a morir a pacientes. Entre los que atienden habitualmente a personas en situación terminal la proporción es aún mayor. Es un acto de compasión que se hace de forma clandestina y pone en riesgo la carrera de los profesionales sanitarios. Solo una ley que despenalice la muerte asistida puede dar seguridad jurídica a todos.

En el debate sobre la eutanasia se enfrentan dos puntos de vista: los que creen que cada persona es dueña de su vida y los que piensan que está en manos de Dios y nadie, ni siquiera uno mismo, puede disponer de ella porque es sagrada. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente reconoce el derecho a rechazar cualquier tratamiento aunque hacerlo suponga anticipar la muerte. Por tanto, la legislación ya permite disponer de la propia vida cuando esta depende de un procedimiento clínico.

Sin embargo, esta situación pone encima de la mesa una contradicción: la paradoja de la máquina. Inmaculada Echevarría, aquejada de distrofia muscular progresiva y que pasó nueve años conectada a un respirador, pidió que se le retirase y pudo morir cuando ella quiso. Ramón Sampedro, tetrapléjico, tuvo que recurrir a un suicidio asistido clandestino (y a poner en peligro de ir a la cárcel a quien le ayudó) para acabar con su vida.

Mientras que una ley de eutanasia respeta el derecho a decidir si uno quiere que lo mantengan con vida mientras sea posible, y también a ponerle fin cuando se considera que se ha vuelto insoportable, en la actualidad una minoría impone a todos el valor de la sacralidad a través del Código Penal.

Muchas personas de todo el mundo obligadas a vivir en contra de su voluntad acuden a Suiza para liberarse de su sufrimiento. Pero morir es es caro, y trasladarse al extranjero en las circunstancias en las que se solicita una eutanasia, comunicarse en otra lengua y realizar todas las gestiones necesarias, exige disponer de unos recursos personales solo al alcance de una minoría.

La eutanasia no es matar (arrebatar la vida), no es un homicidio, ni un asesinato. Dar la muerte, respetar la decisión clara e inequívoca de morir de un ciudadano que sólo dispone de esa opción para liberarse de un sufrimiento irreversible, es un acto de compasión y de respeto. Una de las finalidades de la medicina moderna es ayudar a morir en paz, ya sea limitando el esfuerzo terapéutico en una unidad de cuidados intensivos, aliviando los síntomas del proceso de agonía mediante una sedación paliativa o facilitando una muerte rápida con una eutanasia. Ninguna de estas situaciones convierte al médico en un verdugo.

Transferir la responsabilidad de la decisión de morir del ciudadano al profesional es una falacia y una trampa dialéctica. La eutanasia es una decisión exclusiva de quien la pide y el papel del médico, una vez que comprende que para esa persona es la mejor opción, es comprometerse con el alivio de su sufrimiento y respetar su voluntad.

Argumentos a favor


Morir no es una decisión fácil y cuando una persona decide poner fin a su vida es porque tiene razones poderosas. Nadie muere voluntariamente por un dolor tratable o un sufrimiento evitable. La gente recurre a la eutanasia porque su vida, presente y futura, ha dejado de tener sentido. Detrás de esta convicción hay todo tipo de motivos personales que se resumen en la expresión “coherencia biográfica“. La pérdida de autonomía y de la capacidad de cuidarse a uno mismo, la imposibilidad de emprender lo que a uno le hace feliz o no querer interrumpir el proyecto vital de los más cercanos son motivos habituales, pero no los únicos. Cada vida humana es diferente y cada persona tiene sus propias razones para morir.

Muchos de los que están a favor de una ley de eutanasia no recurren a ella cuando llegan al final de sus vidas. Pero, en cualquier caso, les aporta la tranquilidad de saber que, si su sufrimiento se torna insoportable, podrán liberarse con una muerte dulce elegida por ellos mismos.

Aunque las peticiones de eutanasia no cambien con cuidados paliativos, a todos los solicitantes se les ofrecen todas las opciones de tratamiento existentes, como los paliativos. Por ello, los países que han regulado la eutanasia han mejorado su sistema de cuidados paliativos en muy poco tiempo. Desde que aprobaron sus leyes de muerte voluntaria, Bélgica y Países Bajos han pasado a ocupar el 2º y 3º puesto en la Unión Europea, solo por detrás de Reino Unido.

La voluntad de poner fin a la propia vida cuando esta ha dejado de tener sentido no tiene nada que ver con las tentativas de suicidio de personas con una depresión, o cualquier otro trastorno mental grave, en plena crisis de lucidez. Dudar de la capacidad de un ciudadano para decidir sobre su vida, atribuyéndolo a una depresión, es paternalista e inmoral.

Es fundamental distinguir entre el suicida que actúa por impulso y de forma irracional del que elige acabar su vida tras discutir sus opciones con su médico y sus familiares para poner fin a una situación irreversible.

El jefe de la oficina de medicina forense de la ciudad de Nueva York en 2001, Charles Hirsch, separó con nitidez ambos actos cuando investigaba las muertes de los que saltaron por la ventana de las Torres Gemelas durante los atentados del 11-S. Se negó a clasificar estos fallecimientos de suicidios. Los que se lanzaron al vacío, argumentó, no elegían entre la vida y la muerte, sino entre una muerte lenta, agónica y dolorosa a causa del fuego y el polvo o una muerte rápida.

La eutanasia y el suicidio médicamente asistido se practican en todos los países del mundo, independientemente de su situación legal. En España, una encuesta del año 2000 desveló que un 15% de los médicos ha ayudado a morir a pacientes. Entre los que atienden habitualmente a personas en situación terminal la proporción es aún mayor. Es un acto de compasión que se hace de forma clandestina y pone en riesgo la carrera de los profesionales sanitarios. Solo una ley que despenalice la muerte asistida puede dar seguridad jurídica a todos.

En el debate sobre la eutanasia se enfrentan dos puntos de vista: los que creen que cada persona es dueña de su vida y los que piensan que está en manos de Dios y nadie, ni siquiera uno mismo, puede disponer de ella porque es sagrada. La Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente reconoce el derecho a rechazar cualquier tratamiento aunque hacerlo suponga anticipar la muerte. Por tanto, la legislación ya permite disponer de la propia vida cuando esta depende de un procedimiento clínico.

Sin embargo, esta situación pone encima de la mesa una contradicción: la paradoja de la máquina. Inmaculada Echevarría, aquejada de distrofia muscular progresiva y que pasó nueve años conectada a un respirador, pidió que se le retirase y pudo morir cuando ella quiso. Ramón Sampedro, tetrapléjico, tuvo que recurrir a un suicidio asistido clandestino (y a poner en peligro de ir a la cárcel a quien le ayudó) para acabar con su vida.

Mientras que una ley de eutanasia respeta el derecho a decidir si uno quiere que lo mantengan con vida mientras sea posible, y también a ponerle fin cuando se considera que se ha vuelto insoportable, en la actualidad una minoría impone a todos el valor de la sacralidad a través del Código Penal.

Muchas personas de todo el mundo obligadas a vivir en contra de su voluntad acuden a Suiza para liberarse de su sufrimiento. Pero morir es es caro, y trasladarse al extranjero en las circunstancias en las que se solicita una eutanasia, comunicarse en otra lengua y realizar todas las gestiones necesarias, exige disponer de unos recursos personales solo al alcance de una minoría.

La eutanasia no es matar (arrebatar la vida), no es un homicidio, ni un asesinato. Dar la muerte, respetar la decisión clara e inequívoca de morir de un ciudadano que sólo dispone de esa opción para liberarse de un sufrimiento irreversible, es un acto de compasión y de respeto. Una de las finalidades de la medicina moderna es ayudar a morir en paz, ya sea limitando el esfuerzo terapéutico en una unidad de cuidados intensivos, aliviando los síntomas del proceso de agonía mediante una sedación paliativa o facilitando una muerte rápida con una eutanasia. Ninguna de estas situaciones convierte al médico en un verdugo.

Transferir la responsabilidad de la decisión de morir del ciudadano al profesional es una falacia y una trampa dialéctica. La eutanasia es una decisión exclusiva de quien la pide y el papel del médico, una vez que comprende que para esa persona es la mejor opción, es comprometerse con el alivio de su sufrimiento y respetar su voluntad.

Lo pedimos antes de las elecciones y nunca hemos estado tan cerca de conseguirlo

Iniciativas parlamentarias


Enmienda a la ley de muerte digna
  • Connector.

    22-06-2017: Concluye el plazo para presentar enmiendas a la totalidad

    UP-ECP-EM presenta una enmienda a la totalidad que incorpora la despenalización de la eutanasia y que deberá votarse en Pleno para incorporarse a la tramitación de la ley.

  • Connector.

    28-03-2017: El Congreso aprueba debatir la ley

    La norma la apoyan la mayoría de grupos del Parlamento, aunque en su articulado no se contempla una regulación ni de la eutanasia ni del suicidio asistido médicamente.
    Comienza el periodo para la presentación de enmiendas. El grupo parlamentario UP-ECP-EM prepara una enmienda a la totalidad que incorpore la despenalización de la eutanasia a la universalización de los cuidados paliativos.

  • Connector.

    02-12-2016: registro de la proposición de ley de muerte digna

    Ciudadanos inscribe en el Congreso de los Diputados su ‘Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso final de su vida’, impulsada por su diputado Francisco Igea.
    La proposición, inspirada en las leyes de muerte digna autonómicas –que no han resultado eficaces para evaluar o mejorar cómo se muere– busca garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos mediante una norma estatal.

Ley Orgánica de Eutanasia
  • Connector.

    21/03/2017: el Pleno vota en contra de su toma en consideración

    Los 131 votos en contra de PP, UPN y FAC, junto a las 122 abstenciones de PSOE, C’s, PDcat y CC impidieron que se tomase en consideración la Ley Orgánica de Eutanasia.
    A favor del debate se en sede parlamentaria se pronunciaron UP-ECP-EM, ERC, PNV, Bildu y Geroa-Bai
    La diputada de En Comú Podem Marta Sibina, una de las impulsoras del texto, defendió en su intervención el derecho de los ciudadanos a que sus representantes debatan una norma que cuenta con un apoyo abrumador entre la ciudadanía.

  • Connector.

    7/03/2017: concluye el plazo de contestación del Gobierno

    El Gobierno deja que la ley pase al Pleno para su consideración

  • Connector.

    18/01/2017: registro de la proposición de Ley Orgánica de Eutanasia

    Tras meses de trabajo con expertos (profesionales sanitarios, juristas, bioéticos y representantes de la sociedad civil), el grupo parlamentario UP-ECP-EM inscribió su texto legal en el Congreso de los Diputados.